Según el Tribunal Constitucional, el correo electrónico tiene el mismo grado de privacidad e inviolabilidad que el correo ordinario. Jueces y sindicatos solicitan que la legislación se adapte a los nuevos avances tecnológicos, que se amplíe el concepto jurídico de "carta" con el fin de proteger el derecho al secreto de las comunicaciones. Y sin embargo, el uso de Internet puede ser un arma de doble filo, sobre todo en el puesto de trabajo, en cuanto inversión de tiempo y dinero destinados en principio a la sola actividad laboral. La polémica está servida.