Qué dice el gobierno
Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo
{mospagebreak }Qué dicen los sindicatos
El plan de Empleo Rural para Andalucía y Extremadura se conservará como hasta en este momento para quienes ya están en él, pero para los nuevos preceptores habrá un sistema contributivo que se extenderá a todo el Estado.
Se permitirá esta característica de cobro a personas individuales, pero se cobrará en forma de crédito fiscal del que se descontarán cotizaciones y otro tipo de impuestos a la hora de poner en marcha un negocio.
Eliminación de los salarios de tramitación, actualmente vigentes en el caso de despidos declarados improcedentes.
Supondrá la indemnización por despido como renta, a efectos del límite establecido para poder acceder al subsidio de desempleo.
Si el trabajador rechaza tres empleos ‘adecuados’ perderá el derecho a la prestación. Una oferta será ‘adecuada’ si proviene de la profesión habitual del parado o de cualquiera de las profesiones que haya ejercido por un periodo mínimo de seis meses. También se razonarán adecuadas las situadas en un radio inferior a 30 kilómetros del lugar de residencia y/o que no supere las tres horas (en total) de desplazamiento, y/o no suponga un gasto superior al 20% del salario neto mensual.
Los contratos de inserción para programas de fomento del empleo no darán derecho a prestación. Se ampliará la renta activa de inserción.
El empresario que contrate a un mayor de 52 años recibirá mensualmente parte de la prestación del parado contratado.
No podrán empezar a cobrar las prestaciones de desempleo hasta que la empresa demuestre que ha cotizado por las vacaciones y el trabajador que las ha disfrutado. El problema será para el trabajador que ya está fuera de la empresa y que tendrá que reclamar ante el empresario.
En actividades y campañas que se repiten en fechas ciertas (f.d. periódicos), como las vinculadas a la enseñanza, pero también u otras muchas cuando en cada temporada el periodo de actividad sea el mismo.
Que regresen a España tienen que haber trabajado en el extranjero al menos 6 años para tener derecho al subsidio y deberán hacerlo en países no pertenecientes a la Unión Europea o que carezcan de convenio sobre protección por desempleo. En la actualidad se exigen sólo 6 meses de trabajo en cualquier país.
No podrán percibir la prestación contributiva en un pago único, como lo han hecho hasta ahora.
Desde el 1 de enero de este año, de forma que aunque se esté en situación del IT al producirse la extinción de contrato se empezará a cobrar el desempleo; lo que implica pérdida de renta y periodos de cobertura.
En contra del decreto
Desde mi punto de vista, se nota una vez más que el trabajador se encuentra privado de unos derechos de protección que poseía. Y aunque la perdida de estos supusiera para el colectivo perder capacidad económica, hoy sabemos que una de las funciones fundamentales del estado de derecho es “redistribuir la riqueza de la nación”. En este decreto hay no solo una desprotección económica, sino también una perdida fundamental de libertad individual en los puntos: 3, 5 y en la medida 1.2.2.
Puede que el trabajador no se meta en un contencioso administrativo con el INEM. Por despido improcedente, siendo este motivado por la empresa o el empresario como ocurre algunas veces, perdiendo de esta forma una protección económica.
El INEM decidirá cuando un empleo es “adecuado” e irrechazable, en la practica se deja ahora en manos de la administración la libertad del trabajador al obligarle ha aceptar un trabajo le guste o no le guste, pienso que aquí habría que crear comisiones donde estuvieran los distintos agentes sociales para decidir esta cuestión. Es a mi parecer que a estas fechas y en un país que se dice democrático, mal ejemplo que se trate ha un ciudadano como si fuera un niño en el colegio. Se deja al trabajador indefenso ante la administración. Y aunque se hayan dado casos de picaresca en este asunto, podrían haberse adoptado otras medidas de coacción más apropiadas.
La medida del Gobierno de impulsar la movilidad geográfica de los beneficiarios del subsidio agrario, me parece aun más peligrosa para la dignidad de las personas afectadas, pues si bien dan unas orientaciones generales no da un calendario de fechas de actuación ni dice qué organismos gestionarán las medidas y que cuantía económica se va ha utilizar. Pero a mí lo que más me preocupa es que esta medida va en contra de zonas de España con una agricultura retrasada y deficiencias en su estructura socioeconómica. En este caso la opción del Gobierno no solo es demagógica sino que puede atacar el tejido social ya muy deteriorado de estas zonas de España. En lugar de medidas directas contra el paro moviendo al trabajador, habría que invertir en cambiar las estructuras de producción de estas regiones y comarcar de una manera real ayudando a las iniciativas regionales y modernizando el entorno rural.
En una economía cambiante y de gran mercado como en la que estamos inmersos y donde una decisión tomada en Bruselas puede afectar a un pueblecito perdido de España, creo que el Gobierno cuenta con los recursos y el apoyo suficiente para hacer de amortiguador de estas situaciones y no caer en viejas actitudes moralistas desfasadas. Los sindicatos españoles que durante este tiempo de mundialización y ampliación de la Comunidad Europea han estado tan pasivos, deberían ser más creativos y dinámicos no solo con el Gobierno sino también con el resto de la sociedad, a la hora de aportar un dialogo constructivo, pues se han olvidado de problemas y de sectores de gran parte de la población.
{mospagebreak }A favor del decreto
Desde otro punto de vista se podría argüir, que si bien las leyes aprobadas por el Gobierno, parecen regresivas y dolorosas para una parte de la población, se enmarcan dentro de una filosofía impuesta desde nuestra adhesión, como miembro de pleno derecho a la UE y posterior firma de tratado de Mastrich de 1992, lo que nos impuso el comprometernos a una serie de políticas económicas y monetarias que han acabado con la creación de una moneda única.
Esto significa que los parámetros económicos en que nos veníamos moviendo en años anteriores tienen que ser modificados, no es lo mismo vivir en una economía cuyas reglas vienen dictadas por nuestra independencia en criterios económicos, que el vernos involucrados en un proceso de convergencia económica, en la que decidimos voluntariamente adherirnos y por tanto aceptamos unas normas que debemos cumplir.
Entre estas reglas se encuentra la del déficit cero, es decir que el equilibrio entre lo que el estado gasta y lo que recauda debe de ser paritario. Podríamos argüir que en estos momentos el superávit por ingresos de la seguridad social es de un billón de pesetas. Y que por tanto la reforma de la Protección por desempleo podría haber sido más laxa.
Pero no olvidemos, que el período que acabamos de vivir. está sumergido en una serie de acontecimientos mundiales, que podemos sustentarlos en un ciclo económicamente expansivo de la economía mundial, además de eso, en nuestro país se han dado una serie de circunstancias puntuales de las que nos hemos beneficiado hemos convivido con una inflación alta en comparación con la de nuestros vecinos, esto ha sido posible por la unión monetaria, además el proceso de privatizaciones de empresas públicas ha aportado un dinero extra a las arcas del Estado, lo que nos ha ayudado a equilibrar el déficit presupuestario, por tanto podemos caer en el falso espejismo de que esta situación de bonanza económica es perpetua, además el continuo flujo de inmigrantes a nuestro país ha creado una masa de trabajadores potenciales que deberán encontrar una manera de subsistencia dentro de nuestro proceso económico.
Todos estos factores económicamente nuevos, necesitan un tratamiento inédito. Tengamos en cuenta que nuestras leyes estaban configuradas dentro de una economía de tipo proteccionista en la que el grado de intervención del Estado era mucho mayor a costa de un bienestar falso, ya que de seguir con los mismos esquemas del pasado hubiéramos caído con el tiempo en una situación insostenible dentro de una economía globalizada.
Es por lo tanto comprensible desde el punto de vista macroeconómico, la adecuación de nuestras leyes laborales a esta nueva situación. No es un capricho de nuestro gobierno el tener que vernos avocados a optar por unas leyes, que ciertamente para una parte de nuestra sociedad supondrán un sacrificio. Es difícil el poder legislar en cuestiones económicas a gusto de todos, siempre que hay una modificación de una regla laboral, hay una filosofía subyacente, no podemos mantener esquemas que en otro tiempo fueron plausibles y buenos, en un mundo tan dinámico y cambiante como el actual. Los avances científicos de los últimos años han tenido una aplicación práctica en nuestra vida, esto ha generado el pasar de una economía agro-industrial, a una economía mucho más dinámica, dependiente totalmente de procesos ligados a nuestro cambio tecnológico constante e intercambio de información en una sociedad llamada del conocimiento. Este cambio además es exponencial, de ahí que nuestras reglas laborales no puedan permanecer estáticas.
Fijándonos en países más desarrollados que nosotros, podemos aprender y tener la suerte de comprobar que políticas de empleo han dado resultado y cuales no. Me parece un desatino el decir que se inculca el principio de libertad del ser humano, obligando a un individuo a optar por un trabajo, para el cual está capacitado, ya que éste está hasta ahora viviendo, gracias a que otros individuos están trabajando para darle el subsidio de desempleo, como me parece juzgar de arbitrarios los criterios en los que el gobierno se ha basado para clasificar de “adecuados”.
En una sociedad tan cambiante como la nuestra, no podemos mantener leyes que favorecen a un segmento de la población en detrimento de otro, ya sé que es penosa la futura reforma del PER, pero también es penoso observar que todos estos recursos, no se sacan por arte de magia, sino que son sacados del trabajo de otros individuos. El mantener eternamente estas subvenciones, sería a la larga condenar a generaciones futuras a la creencia, que por haber nacido en un lugar y de recursos agrícolas están obligados a vivir de la agricultura, lo cual es evidentemente falso, ya que las generaciones venideras tienen que ser conscientes de que no se pueden tener un derecho de por vida por situ, más cuando esos derechos, llevan la rémora de ser detraídos de fondos que aplicados de una forma más equitativa producirían un mayor bienestar en el conjunto de la sociedad que los genera.
Lo que parece un retraimiento de prestaciones obsoletas, en un mercado de trabajo mucho más dinámico, puede parecernos dolorosas en un principio, pero lo que no podemos hacer es esclerosar nuestras leyes y (mercados laborales.) Estamos viviendo en un mundo mucho más dinámico y lo que puede ser doloroso en un principio para nuestra sociología laboral, puede ser el germen que dinamice y sea fuente de otras ideas para una sociedad que se ve obligada a evolucionar más deprisa que en tiempos pasados.