La nueva ley iguala estos centros con los recreativos, donde se pueden practicar distintos juegos, y como tales, han de pagar los impuestos establecidos para este tipo de actividades. Estas tasas son muy elevadas, lo que puede suponer que una gran cantidad de locales, no puedan hacer frente a la inversión económica requerida y, por consiguiente, se vean obligados a cerrar sus negocios.
La polémica ley
En España la nueva ley de regularización equipara a los cibers con las máquinas recreativas de tipo A, sin embargo en Europa hay distinción de máquinas: las recreativas o de entretenimiento (como los futbolines, billares…) y las de apuestas.
Por esto, la Comisión Sectorial del Juego ha querido llevar a cabo un estudio para regular todo lo relacionado con los locales dedicados al servicio cibernético, que contenga los requisitos que se precisan para explotar estos juegos a través de estos sistemas, así como las características de los mismos, intentando que no contengan algún tipo de apuesta o premio.
También se intentará regular el uso de imágenes que resulten perjudiciales para la formación de la infancia o juventud, o cualquier otro que sea contrario a los derechos y libertades fundamentales, tal y como protege la Constitución española. Respecto a la postura que hay en nuestra Comunidad Autónoma por parte de los dueños de los cibers es de desconcierto, ya que la aplicación del reglamento tenía que haber entrado en vigor el pasado mes de enero, pero en Aragón no lo hará hasta Junio como pronto. Hasta su aprobación la DGA ha prometido un estudio del sector para ver como se aplicará la ley, aunque hasta la fecha no ha habido ningún acercamiento de los políticos a los dueños de estos centros para tratar el tema.
La ACCA está intentando hacer todo lo posible para conseguir paralizar el decreto con la recogida de firmas en los distintos cibers y, así, presionar al Gobierno de Aragón para que se redacte una ley más coherente donde no importaría que “reglamentasen y delimitasen como va a ser el negocio para que haya unos estándares de calidad y que nadie pueda montarse un cuchitril o tenga una competencia leal” según comenta Daniel Alonso, dueño del ciber “Battle 2” situado en la calle Baltasar Garcián número 5.
{mospagebreak }Cantidades económicas a pagar
Si finalmente en el mes de junio se aprueba el decreto por el cual se igualen los cibers a las máquinas recreativas de tipo A, estos locales se verán obligados a realizar una fuerte inversión de dinero, a la que muchos de ellos no podrán hacer frente. Estas cantidades vendrían a ser las siguientes según la ley:
- Las empresas operadoras de máquinas deportivas, de tipo A y empresas de salones recreativos: 3.005,6 euros.
- Las empresas operadoras de máquinas deportivas, de tipo A y empresas de salones recreativos: 3.005,6 euros.
- Fabricantes y comercializadores o distribuidores de máquinas recreativas o de tipo A y material de juego: 6.010,12 euros.
- Empresas de servicio técnico: 6.010,12 euros.
Además habrá que contar también con el gasto de los ordenadores, alrededor de 3.000 euros por cada uno, los cuales han de estar homologados, lo que puede suponer unos 2.500 euros.
Como puede observarse el gasto es bastante elevado. Los que puedan hacer frente a la cuestión económica también tendrán que saber que todavía les quedaría otro obstáculo más: la concesión de las licencias de juego. Según Daniel Alonso esto es algo muy complicado ya que “en los lugares donde se puede explotar el negocio recreativo ya está ocupado por otros salones recreativos”.
Una gran cantidad de usuarios sin poder acceder a la red
Además de las pérdidas de empleo que pueda conllevar la aprobación de la nueva ley, también puede dejar a una gran cantidad de usuarios sin poder acceder a Internet. Alrededor de un 17% de los españoles usuarios de la red lo hace a través de estas salas, por lo que la puesta en marcha de la nueva normativa puede dejar a la mayoría de ellos sin acceso.
Ésta no es la única repercusión que va a recaer en el usuario. Tal y como señala Daniel Alonso, las salas cibernéticas se han convertido en una alternativa a las zonas de marcha, frecuentadas por unas 3.000 personas, lo que significaría que miles de personas tendrían que buscarse una nueva opción a la hora de salir.
Y no sólo esto, ya que al tener que realizar una gran inversión los precios también se verían afectados notablemente, un considerable aumento que podría provocar que un gran número de usuarios no pudieran utilizar Internet en la medida que les gustaría.
El resultado final de esta polémica, se verá cuando se apruebe la normativa dentro de unos meses y se compruebe si se ha tenido en cuenta o no la postura de los cibers.